EE.UU. revoca más de 100 mil visas en el primer año del segundo mandato de Trump

De acuerdo con el Departamento de Estado, miles de estas revocaciones estuvieron relacionadas con la comisión de delitos, entre ellos agresiones y conducción bajo los efectos del alcohol. La dependencia subrayó que esta política responde a una estrategia de seguridad nacional impulsada desde el inicio del nuevo gobierno republicano.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Las cifras oficiales indican que, desde la segunda toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025, el número de visas anuladas es dos veces y media mayor al registrado en todo 2024. Dentro de este universo, el Departamento de Estado confirmó que aproximadamente 8 mil correspondían a estudiantes extranjeros.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido públicamente estas medidas y destacó, en particular, la cancelación de visas a estudiantes que participaron en protestas contra Israel. Para ello, el gobierno recurrió a una legislación de la era McCarthy, que permite negar la entrada o permanencia a extranjeros considerados contrarios a la política exterior de Estados Unidos. No obstante, algunos casos de alto perfil han logrado frenar las órdenes de deportación mediante recursos legales ante los tribunales.

Como parte del endurecimiento migratorio, las autoridades estadounidenses también han reforzado los controles para la emisión de nuevas visas, incorporando revisiones más exhaustivas del historial de los solicitantes, incluidas sus publicaciones en redes sociales.

Estas acciones se enmarcan en una política más amplia de deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Nacional informó recientemente que, en lo que va del nuevo gobierno, más de 605 mil personas han sido deportadas, mientras que otras 2.5 millones abandonaron el país de manera voluntaria.

La cancelación de visas no se ha limitado al territorio estadounidense. En países como México, más de 50 políticos y funcionarios estatales han sido notificados de la revocación de sus permisos para ingresar a Estados Unidos.

El pasado 30 de abril, Rubio reforzó el mensaje del gobierno al advertir públicamente sobre esta política migratoria. “Criticamente, el Departamento de Estado ha dejado claro que una visa es un privilegio, no un derecho”, escribió el funcionario. “Bajo la política de ‘Captura y Liberación’ de la administración Biden, a los inmigrantes indocumentados a menudo se les otorgaba una tarjeta de salida de la cárcel tras ser arrestados por delitos como violencia doméstica y agresión. Ahora existe una política de un solo golpe: Captura y Revocación. Siempre que el gobierno detecte a ciudadanos no estadounidenses infringiendo nuestras leyes, tomaremos medidas para revocar su estatus. Se acabó la era de aprovecharse con desprecio de la generosidad de nuestra nación”.

La nueva línea de acción del gobierno de Trump se diferencia de administraciones anteriores, que priorizaban la deportación de personas con antecedentes por delitos graves. En esta ocasión, la política también alcanza a visitantes, estudiantes y profesionales extranjeros, así como a personas con estatus migratorio provisional.