Hasta 15 años de cárcel por extorsión: Sheinbaum envía al Congreso leyes secundarias
el Gobierno busca elevar a rango de ley la estrategia nacional para combatir la extorsión y promover la denuncia a través del número 089
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este 17 de octubre enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de leyes secundarias que complementarán la reforma constitucional en materia de extorsión, aprobada por unanimidad en el Senado el pasado septiembre.
El paquete legislativo forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y busca reforzar las herramientas legales para prevenir, investigar y sancionar este delito, que afecta tanto a ciudadanos como a sectores económicos en todo el país.
Durante la conferencia matutina de este viernes, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, detalló que la propuesta contempla una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, así como modificaciones a diversas normas complementarias.
“Estas leyes secundarias establecen reglas de competencia y coordinación entre las autoridades, y precisan las previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito”, explicó Godoy.
Entre los aspectos más relevantes, la iniciativa propone que la extorsión se persiga de oficio, es decir, que las autoridades puedan actuar sin necesidad de una denuncia formal.
Las penas previstas van de 6 a 15 años de prisión, aunque se contemplan agravantes que podrían aumentar significativamente las sanciones. Por ejemplo:
Cuando haya cobro de piso o se afecten actividades comerciales, las penas se elevarían hasta en una tercera parte.
Si se busca controlar precios, bienes o servicios, o se involucra el sistema financiero, se aplicaría el mismo incremento.
En casos que involucren a migrantes, mujeres embarazadas, menores, adultos mayores, medios de comunicación o amenazas de secuestro, las penas podrían aumentar de una tercera parte hasta la mitad.
Cuando exista violencia física, moral o psicológica, participación de servidores públicos o la comisión del delito desde centros penitenciarios, el castigo podría incrementarse desde la mitad hasta dos terceras partes.
Además, el Gobierno busca elevar a rango de ley la estrategia nacional para combatir la extorsión y promover la denuncia a través del número 089.
Las reformas incluyen también modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de cerrar los vacíos legales que actualmente dificultan el combate a este delito.
Con estas medidas, el gobierno federal pretende construir un marco jurídico más sólido para frenar la extorsión en todas sus modalidades y reforzar la seguridad de la población y del sector productivo del país.
