Proponen tipificar la corrupción inmobiliaria como delito grave en Baja California
El diputado Jaime Cantón plantea penas de hasta 20 años de prisión y sanciones duplicadas cuando se afecte el derecho a la vivienda
MEXICALI.- El diputado Jaime Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California con el propósito de crear el delito de corrupción inmobiliaria, una figura inédita que busca frenar las prácticas que afectan el patrimonio de las familias, vulneran el derecho a una vivienda digna y alimentan redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
Durante la exposición de motivos, Cantón explicó que los despojos de vivienda no son actos improvisados, sino que implican planeación y la participación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan la ocupación ilegal de inmuebles y permiten que los responsables permanezcan impunes.
La propuesta establece que la corrupción inmobiliaria sea considerada un delito grave, con penas de 10 a 20 años de prisión, aplicables tanto a funcionarios públicos que autoricen o toleren edificaciones ilegales como a particulares que participen en construcciones sin cumplir los requisitos legales.
Asimismo, plantea que las sanciones se dupliquen cuando las conductas afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda, equiparándose a delitos como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias.
El legislador enfatizó que esta reforma responde a fenómenos documentados en México y Baja California, entre ellos el conocido “cártel del despojo”, y busca enviar un mensaje contundente: en Baja California la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada.
“Con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”, afirmó Cantón.
El diputado destacó que el fortalecimiento normativo es clave para combatir la impunidad, por lo que los sistemas de control administrativo y de procuración de justicia deben funcionar con eficiencia para permitir la investigación, substanciación y sanción de las faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción.
Finalmente, advirtió que cuando estos mecanismos son débiles se incentiva la reincidencia en conductas corruptas, por lo que la propuesta busca no solo sancionar los actos de corrupción inmobiliaria, sino prevenir su repetición mediante un marco jurídico sólido que devuelva confianza al ciudadano en la justicia y en el derecho a su vivienda.
