Flores Campbell renunció a empresa tras vincularse a contratos de gobierno
Edgardo Flores Campbell formalizó su salida como accionista de la empresa de seguridad privada luego de ser señalado por presunto conflicto de interés
TIJUANA, BC.– Luego de las acusaciones por presunto conflicto de interés derivado de contratos públicos por al menos 172 millones de pesos otorgados en 2025 a la empresa de seguridad privada Grupo Arza, Edgardo Flores Campbell formalizó su salida como accionista de la compañía. El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana había sido señalado por figurar como socio desde 2024 mientras el corporativo obtenía adjudicaciones estatales, situación que detonó críticas y exigencias públicas para que aclarara su participación.
La controversia surgió tras revelarse que Grupo Arza recibió un contrato por 77.6 millones de pesos con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para la vigilancia de 124 instalaciones, así como otro superior a 94 millones de pesos con el Gobierno del Estado para servicios en diversas dependencias. Diversos sectores cuestionaron que, como titular de un órgano ciudadano encargado de evaluar temas de seguridad, Flores Campbell participara simultáneamente en una empresa proveedora del gobierno, lo que consideraron un posible conflicto de interés.
La salida del empresario quedó asentada en un acta de asamblea protocolizada ante notario público el 20 de febrero de 2026 e inscrita ese mismo día en el Registro Público de Comercio de Tijuana. El documento establece la cesión de su acción a favor de Leonardo René Arvizu Zaragoza, director de la empresa, y señala que el cedente deja de formar parte de la sociedad. Además, se otorgó poder especial para notificar formalmente a las autoridades que Flores Campbell ya no pertenece a la compañía.
La protocolización ocurrió días después de que se publicara la investigación periodística que documentó su participación accionaria y los contratos obtenidos. En declaraciones previas, Flores Campbell negó la existencia de conflicto de interés y afirmó que su participación era minoritaria y de carácter consultivo. Sin embargo, la polémica reavivó cuestionamientos sobre la transparencia y la confianza en el organismo ciudadano que encabeza, mientras distintos actores sociales mantienen la exigencia de explicaciones públicas.
