Vinculan a proceso a Jaime Bonilla por caso de planta fotovoltaica
El exgobernador enfrenta cargos por abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones
MEXICALI.– Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el proyecto de la planta fotovoltaica impulsado durante su administración.
La resolución se dio tras una audiencia en la que la Fiscalía General del Estado presentó elementos sobre posibles irregularidades en la adjudicación del contrato con la empresa Next Energy, incluyendo la falta de licitación y cuestionamientos sobre su viabilidad financiera.
El juez determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y estableció medidas cautelares, entre ellas el pago de 100 mil pesos como garantía para asegurar su comparecencia en las siguientes etapas del proceso. De acuerdo con las autoridades, el proyecto contemplaba comprometer recursos públicos por alrededor de mil 700 millones de pesos anuales durante un periodo de hasta 30 años, lo que generó señalamientos por el posible impacto financiero para el estado. Además, se mantiene en litigio la recuperación de aproximadamente 123 millones de pesos entregados como anticipo.
En la conferencia matutina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda respaldó el proceso judicial y señaló que la actuación del gobierno estatal busca proteger los recursos públicos. “Estamos protegiendo el patrimonio de las y los bajacalifornianos de un contrato que ponía en riesgo las finanzas del estado”, expresó, al rechazar que el caso tenga un trasfondo político y subrayar que se conduce dentro del marco legal. También se informó que, hasta el momento, suman diez personas vinculadas a proceso por este caso.
El proyecto fotovoltaico, promovido durante el gobierno de Bonilla (2019-2021), buscaba abastecer de energía al acueducto Río Colorado–Tijuana y a instalaciones gubernamentales; sin embargo, no se concretó debido a la falta de permisos federales.
Por su parte, el exmandatario ha sostenido que su administración no estaba obligada a ejecutar la obra ni a gestionar los permisos, atribuyendo esas responsabilidades a la empresa. La vinculación a proceso no implica culpabilidad, pero marca el inicio formal de un proceso penal que mantiene el caso como uno de los más relevantes en la agenda judicial de Baja California.
