Exponen a Asesor Jurídico de Sonora que presionó para sacar a Karim Emanuel de Clínica Jireh
El recurso fue presentado por Roque Miguel Juraz García, funcionario adscrito a la Defensoría Pública Federal en Nogales, Sonora
TIJUANA.- El caso de Karim Emanuel tomó un giro federal luego de que un asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública promoviera un amparo que terminó obligando a la Patrulla Espiritual Jireh a permitir la salida inmediata de la joven del centro de rehabilitación. El recurso legal surgió en medio de la fuerte polémica pública y mediática que rodeó el caso, marcada por protestas de activistas y acusaciones sobre presuntas terapias de conversión y privación ilegal de la libertad dentro de las instalaciones.
De acuerdo con el expediente 352/2026-III-C, el amparo fue presentado el 11 de mayo por el asesor jurídico federal Roque Miguel Juraz García, quien reclamó presuntas violaciones a la libertad personal, además de posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El documento ordenó medidas cautelares inmediatas para frenar cualquier posible afectación física o psicológica y estableció un plazo de 24 horas para responder al procedimiento judicial relacionado con el internamiento.
Uno de los puntos que más llamó la atención alrededor del caso es que el amparo no habría sido promovido directamente por Karim Emanuel —quien permanecía internada dentro del centro— sino por un funcionario federal con funciones en Sonora que intervino jurídicamente tras la presión pública generada por las protestas y señalamientos difundidos en redes sociales.
La resolución terminó acelerando la liberación de la joven, quien abandonó las instalaciones acompañada de sus padres, mientras Jesús Ignacio Osuna, “El Chiquilín”, difundía videos del proceso y defendía públicamente el trabajo de la Patrulla Espiritual.
Según la información pública disponible, Juraz García cuenta con más de 20 años dentro de la Defensoría Pública Federal y experiencia en temas de derechos humanos, justicia laboral y asesoría jurídica federal. Sin embargo, su intervención en el caso abrió debate debido a que el procedimiento judicial avanzó rápidamente en un contexto de presión mediática, activismo y acusaciones públicas que colocaron el caso de Karim Emanuel en el centro de la discusión nacional sobre derechos humanos, identidad de género y centros de rehabilitación.
