MEXICALI.– En una intervención coordinada por la administración de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno asestaron un golpe de alto impacto a la estructura de la delincuencia organizada en el Valle de Mexicali con el desmantelamiento de un hangar utilizado para resguardo de enervantes y actividades ilícitas.
La mandataria estatal indicó que la acción institucional, ejecutada bajo el "Operativo Valle", se derivó de una denuncia ciudadana que activó el despliegue inmediato de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).
“En Baja California no hay ningún rincón en donde puedan esconderse los criminales, nosotros buscamos paz, tranquilidad, seguridad, y hangar que pongan, hangar que vamos a desmantelar, laboratorio que pongan, laboratorio que se va a desmantelar y aquí vamos a seguir siempre combatiendo la criminalidad de forma frontal”, puntualizó la mandataria.
El despliegue concentró sus esfuerzos en las inmediaciones de Estación Coahuila; en este punto, las corporaciones ubicaron una infraestructura que funcionaba de manera ilícita, logrando asegurar un avión ultraligero que presentaba alteraciones en sus números de serie, así como un cargamento de 20 kilogramos de cocaína.
Por su parte, Fabricio Ruiz, director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, señaló que en el perímetro de la intervención fue capturado un hombre de 52 años de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por la operación de la aeronave irregular.
Paralelamente, el rastreo estratégico en el Ejido Oviedo Mota permitió la recuperación de un vehículo pick-up de modelo reciente con reporte de robo en el extranjero, además del aseguramiento de una unidad tipo panel abandonada por civiles armados en su huida.
La estrecha colaboración fronteriza también facilitó la captura de Raúl “N”, de 19 años de edad y originario de San Luis Río Colorado, Sonora.
El detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio en dicha entidad y es formalmente requerido por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
