La propuesta plantea modificar el artículo 45 Bis de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad, obligando tanto al Gobierno del Estado como a los municipios a otorgar una atención preferente sin la necesidad de crear nuevos programas ni aumentar el presupuesto público.
Cero burocracia para evitar la revictimización
El legislador señaló que el feminicidio no solo destruye la vida de una mujer, sino que deja a sus hijos en condiciones extremas de vulnerabilidad emocional, educativa y económica. Por ello, la reforma busca eliminar los trámites burocráticos que suelen revictimizar a las familias cuidadoras.
De aprobarse la iniciativa, los menores afectados recibirán de manera automática:
- Educación y desarrollo: Acceso directo a becas escolares, apoyos para útiles y transporte de manera prioritaria.
- Sustento y salud: Entrega preferente de despensas alimentarias y atención médica garantizada.
- Salud mental: Acompañamiento psicológico especializado e inmediato para afrontar el impacto emocional.
Asimismo, la propuesta contempla la creación de una Ruta de Atención a la Orfandad por Feminicidio, diseñada como una red de seguridad coordinada para asegurar que el desarrollo integral de los menores no se interrumpa tras la pérdida de su madre.
"El Estado tiene la responsabilidad ética y legal de proteger a estas infancias y brindarles certeza ante la manifestación más devastadora de la violencia de género."
— Jesús Daniel Razo Córdova, diputado local.
Un repunte que exige respuestas inmediatas
Al fundamentar la reforma, Razo Córdova advirtió sobre la urgencia de legislar en la materia, recordando que Baja California registró un incremento del 60% en los casos de feminicidio durante 2024, con una concentración principal en los municipios de Tijuana y Ensenada.
Finalmente, el diputado precisó que la iniciativa no genera un impacto presupuestal adverso para las finanzas del estado. La estrategia consiste en reordenar las reglas de operación de los esquemas sociales actuales para que esta población sea atendida primero, optimizando los recursos económicos y operativos que ya se encuentran disponibles en la administración pública.
La iniciativa ya fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su análisis y posterior dictaminación.
