Mexicali, B.C., 7 de octubre de 2026.- Una iniciativa presentada en el Congreso de Baja California busca actualizar la legislación estatal para ampliar las garantías en materia de educación indígena, intercultural y plurilingüe, además de reconocer expresamente a estudiantes migrantes y jornaleros agrícolas.
La propuesta fue presentada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López y plantea modificar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado para armonizarlos con la legislación federal. Entre los cambios se contempla garantizar derechos educativos, culturales y lingüísticos a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, personas migrantes y familias jornaleras agrícolas.
La legisladora señaló que Baja California cuenta con pueblos originarios como los kiliwa, kumiai, pai pai, cucapá y cochimí, además de comunidades afromexicanas y una importante población indígena migrante vinculada a las actividades agrícolas, principalmente en el Valle de San Quintín.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que cualquier medida educativa que pueda afectar a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas deberá ser sometida a una consulta previa, libre e informada. Para estos procesos, la autoridad educativa estatal tendría que coordinarse con instituciones federales especializadas en pueblos indígenas, lenguas originarias y mejora educativa.
También se propone crear un comité de seguimiento integrado por autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y representantes de las comunidades afromexicanas, con el propósito de dar acompañamiento a las consultas y vigilar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
La reforma plantea además que el Estado documente, investigue y difunda las tradiciones orales, conocimientos ancestrales y expresiones culturales de las comunidades indígenas y afromexicanas. Una vez identificados estos saberes, las autoridades educativas estatales y municipales tendrían que promover su incorporación a los contenidos de la educación pública dentro de cada comunidad.
Murillo sostuvo que incluir de manera expresa a personas migrantes y jornaleras agrícolas permitiría dar mayor visibilidad a estudiantes que, debido a la movilidad constante de sus familias, enfrentan dificultades adicionales para permanecer en la escuela y concluir sus estudios.
