La titular de la dependencia, Teresita Balderas Beltrán, informó que existen dos expedientes independientes instruidos contra el servidor público, derivados de denuncias presentadas por particulares.
Irregularidades en trámites catastrales y licencias de construcción
El primer expediente indaga la actuación de Lazcano Portillo en torno a la emisión de un oficio relacionado con una sobreposición catastral, así como posibles omisiones en la fiscalización de elementos de la obra, tales como la alberca y otras amenidades del conjunto habitacional. Las autoridades buscan determinar si el funcionario excedió el marco de sus atribuciones legales.
Por otro lado, el segundo procedimiento administrativo se centra en una prórroga de licencia de construcción otorgada el pasado 8 de junio de 2026. La investigación detalla que dicha prórroga fue emitida en términos generales para la continuación de la obra, a pesar de la existencia de afectaciones a inmuebles colindantes y de una resolución emitida por un juez del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal.
Dicho fallo judicial únicamente autorizaba trabajos estrictamente indispensables para la estabilización del terreno y la edificación de un muro de contención, sin facultar el avance general de la urbanización o la edificación de viviendas. La Sindicatura señala que el funcionario habría sido omiso ante tales disposiciones judiciales y ante las determinaciones de la Dirección de Protección Civil.
Procedimiento legal y solicitud de suspensión
Ante la gravedad de los hechos investigados, la Sindicatura Procuradora solicitó como medida cautelar la suspensión temporal del servidor público mientras se desahogan las diligencias.
La dependencia precisó que la apertura de estos expedientes no constituye una declaración previa de responsabilidad. Al tratarse de faltas calificadas preliminarmente como graves conforme al artículo 57 de la ley en la materia, el expediente será remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), instancia encargada de valorar las pruebas, garantizar el debido proceso y emitir la resolución correspondiente.
