De acuerdo con los reportes conocidos, la investigación es encabezada por el FBI y fiscales federales de Washington D. C. y del Distrito Sur de Florida, con el objetivo de determinar si recursos de la AFA fueron canalizados mediante el sistema bancario estadounidense de forma irregular o en violación de la legislación federal.
En el centro de la pesquisa aparece TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida que habría operado como agente de cobro para contratos internacionales de la AFA. La compañía administró recursos provenientes de patrocinios, acuerdos comerciales, derechos de imagen y actividades relacionadas con las selecciones nacionales argentinas.
Las operaciones bajo revisión habrían pasado por instituciones financieras como Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan y PNC Bank. Las autoridades analizan si esos movimientos pudieron implicar triangulación de recursos, simulación de servicios, ocultamiento de beneficiarios finales o uso indebido del sistema bancario estadounidense.
Entre los contratos mencionados en los reportes aparecen convenios internacionales con empresas como Adidas y Warner. Hasta ahora, la revisión de esos acuerdos no implica una acusación penal contra dichas compañías, sino el análisis de los mecanismos mediante los cuales se cobraron, canalizaron y administraron los recursos vinculados con la AFA.
La posible trama de corrupción consistiría en que ingresos comerciales de la asociación argentina habrían sido manejados mediante una estructura financiera opaca, sin suficiente claridad sobre el origen, destino, justificación contractual o beneficiarios finales del dinero. Los posibles responsables, según avance la investigación, podrían incluir a directivos de la AFA, intermediarios comerciales, operadores de TourProdEnter y cualquier persona que hubiera autorizado, diseñado o aprovechado las operaciones.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han anunciado cargos penales contra la AFA ni contra sus dirigentes. Por ello, el caso se mantiene como una investigación en curso sobre posibles delitos financieros, no como una acusación formal.
Como parte de la recopilación de información, los investigadores habrían sostenido una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por presuntos hechos de corrupción. También se analiza la posibilidad de convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, en medio del conflicto político que mantiene la administración argentina con la asociación por el impulso a las sociedades anónimas deportivas en el futbol.
De manera paralela, la AFA enfrenta en Argentina una causa independiente por presunto fraude fiscal. Un tribunal confirmó el procesamiento de la asociación, de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos.
La AFA ha sostenido que presentó sus declaraciones juradas y que los montos cuestionados no corresponden a aportes de trabajadores en relación de dependencia.
Las víctimas potenciales de las operaciones investigadas serían la propia AFA como institución, los clubes y actores del futbol argentino si se desviaron recursos, los trabajadores o el sistema de seguridad social si hubo retenciones indebidas, el Estado argentino por posibles perjuicios fiscales, los patrocinadores si sus contratos fueron utilizados de forma irregular, y el sistema financiero estadounidense si fue empleado para canalizar operaciones ilícitas.
