La propuesta, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, correspondientes a los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Con el nuevo esquema, una persona que posea otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata. Además, mientras ejerza alguno de estos cargos no podrá solicitar o adquirir otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una distinta de la mexicana.
La reforma contempla que estas disposiciones comiencen a aplicarse a partir de las elecciones de 2028. El Senado aprobó la minuta el 29 de septiembre, después de que previamente avanzara en la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto pasó a las legislaturas estatales como parte del procedimiento requerido para modificar la Constitución.
En Baja California, la reforma obtuvo 18 votos a favor y seis en contra. Legisladores de Morena defendieron la medida bajo el argumento de fortalecer la soberanía nacional, mientras representantes de PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la restricción pueda afectar los derechos político-electorales de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente en una entidad con una fuerte dinámica binacional.
Desde que presentó la iniciativa, Sheinbaum ha sostenido que quienes encabecen estos cargos deben mantener únicamente la nacionalidad mexicana para evitar que exista otro vínculo jurídico de ciudadanía durante el ejercicio de responsabilidades ejecutivas.
El voto de Baja California forma parte del proceso establecido para las reformas a la Constitución federal, que requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados antes de que pueda realizarse la declaratoria constitucional correspondiente.
