SCJN excluye a la ministra Lenia Batres de votación clave sobre Elektra y su deuda fiscal

El tema central de la votación se refiere a un crédito fiscal de más de mil 400 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reclama a la compañía de Salinas Pliego. La SCJN también tenía que definir si se excluía a otros tres ministros, una solicitud presentada por Elektra, debido a supuestos conflictos de interés.

Con un resultado de cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala resolvió que la ministra Batres estaba impedida para participar en este proceso, debido a sus comentarios públicos sobre Salinas Pliego, los cuales se interpretaron como un pronunciamiento previo que comprometía su imparcialidad.

Este episodio se produjo después de que Batres abandonara la sala durante una discusión relacionada con el requerimiento de la UIF a los bancos para que informaran sobre las cuentas de Salinas Pliego. En esa ocasión, Batres acusó a sus compañeros de tribunal de estar sujetos a “intereses ilegítimos” y de ser cómplices de poderes fácticos, lo que provocó controversia.

La votación, sin embargo, no estuvo exenta de discrepancias. Loretta Ortiz fue la única ministra que se manifestó en contra de excluir a Batres, defendiendo su participación en el proceso. Sin embargo, la mayoría de sus colegas coincidió en que la ministra debería ser apartada debido a sus intervenciones públicas previas.

El caso de Elektra, que involucra una deuda fiscal de 33 mil millones de pesos, sigue siendo uno de los más complejos y esperados por las grandes corporaciones. En este contexto, la empresa solicitó también que otras dos ministras, Yasmín Esquivel y Batres, así como el ministro Alberto Pérez Dayán, fueran apartados de la votación, alegando que su cercanía con las elecciones judiciales de 2025 podría influir en su decisión, buscando ganar simpatía entre los sectores políticos.

A pesar de esta solicitud, la Primera Sala decidió posponer la discusión sobre la exclusión de estos tres ministros hasta una fecha futura, lo que deja en suspenso el desarrollo de un caso de gran repercusión tanto para el sector empresarial como para la justicia fiscal en México.