Exsecretarios de Rocha Moya se entregan a Estados Unidos por caso de narcotráfico

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, ambos identificados por autoridades de Estados Unidos dentro de un caso que involucra a 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información confirmada por el Gabinete de Seguridad federal, Mérida Sánchez cruzó el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona, luego de ingresar desde Hermosillo. Tras ello, quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos y posteriormente fue trasladado a Nueva York para comparecer ante una corte federal en Manhattan.

Durante su primera audiencia, que tuvo una duración de apenas unos minutos, el exfuncionario se declaró no culpable de los delitos que se le imputan, entre ellos conspiración para la importación de drogas, posesión de armamento y presuntos sobornos relacionados con la facción de Los Chapitos. Permanecerá detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras continúa el proceso judicial y deberá regresar ante la corte el próximo 1 de junio.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Gerardo Mérida habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar para favorecer operaciones del grupo criminal y evitar acciones en su contra. Además, reportes extraoficiales difundidos en medios nacionales señalan que el exsecretario podría haber iniciado conversaciones con fiscales estadounidenses para colaborar como posible testigo cooperante, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre algún acuerdo.

Por separado, Enrique Díaz Vega también se entregó a autoridades estadounidenses. Versiones periodísticas indican que el exsecretario de Finanzas se encontraba en Irlanda cuando decidió acudir a una representación diplomática de Estados Unidos, luego de que desde finales de abril enviara abogados para negociar su situación jurídica.

Díaz Vega enfrenta acusaciones por conspiración para importar narcóticos, así como delitos relacionados con posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Durante su paso por la Secretaría de Finanzas de Sinaloa, hasta noviembre de 2024, reportó participación como socio en al menos 10 empresas.

El caso escaló políticamente debido a que entre los señalados también aparecen Juan de Dios Gámez Mendívil y el propio Rubén Rocha Moya. De acuerdo con reportes, ambos se han mantenido fuera de la vida pública desde que solicitaron licencia a sus cargos.

En medio de la investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió recientemente en que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes contra Rocha Moya y afirmó que el tema corresponde a “un asunto jurídico” relacionado con la soberanía nacional.

El Gabinete de Seguridad mexicano informó además que mantiene comunicación institucional con autoridades estadounidenses “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, mientras avanzan las indagatorias que actualmente mantienen bajo investigación a exintegrantes del gobierno sinaloense por presuntos nexos con el crimen organizado.