CDMX.- La Fiscalía General de la República informó que la investigación por una presunta red de contrabando de hidrocarburos inició tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Según la FGR, estas unidades representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial por las altas temperaturas y porque en ese momento no se conocía qué sustancia contenían.
A partir de ese hallazgo, la autoridad realizó inspecciones, tomó muestras y pidió dictámenes periciales para identificar el contenido de los ferrotanques. Sin embargo, la investigación no se quedó en ese punto, pues después se ubicaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, los cuales presuntamente no fueron reportados correctamente ante la autoridad aduanera.
La FGR señaló que lo que al inicio parecía un caso aislado terminó mostrando una operación más grande de recepción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos en varias entidades del país. De acuerdo con el comunicado, el análisis de documentos, facturas, permisos, información ferroviaria y registros aduaneros permitió identificar a una empresa importadora y a personas relacionadas con su operación.
En esa parte, la Fiscalía mencionó a José “N” y a Ernesto “N”, a quienes vincula con decisiones dentro de la empresa investigada. Según la FGR, Ernesto “N” se incorporó a la estructura de la compañía, después apareció como accionista y secretario del Consejo de Administración, y habría participado en decisiones relacionadas con administración, comercio exterior, trámites fiscales y aduaneros.
La Fiscalía indicó que hasta ahora se han integrado 96 datos de prueba, entre dictámenes químicos, periciales, fotografías, análisis documentales e información financiera. También señaló que, aunque inicialmente se habla de un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos por 170 ferrotanques asegurados en 2025, el cruce de información entre Aduanas y el SAT permitió detectar más de 4 mil operaciones irregulares, por lo que el daño patrimonial podría superar los 4 mil millones de pesos. La FGR también sostuvo que Ernesto “N” no es investigado por sus ideas o vínculos políticos, sino por su probable participación en los hechos señalados.
