El Gobierno de México mantiene abierta la ofensiva legal para recuperar recursos vinculados con Genaro García Luna y la red empresarial relacionada con la familia Weinberg, en un proceso que ahora busca convertir sentencias millonarias obtenidas en Estados Unidos en dinero y bienes que efectivamente regresen al erario.
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las autoridades continúan identificando propiedades y otros activos en distintas partes del mundo, además de dar seguimiento a recursos cuyo pago permanece pendiente.
“Ya tenemos algunas identificadas que próximamente daremos a conocer cuando logremos que se puedan vender estas propiedades”, declaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Hasta ahora, México ha recuperado más de 5.8 millones de dólares en activos relacionados con la familia Weinberg. Sin embargo, esa cantidad representa apenas una parte de las sentencias económicas obtenidas en tribunales estadounidenses, por lo que la localización y ejecución sobre nuevos bienes será determinante para ampliar la recuperación.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los aproximadamente 100 millones de pesos ya recuperados serán destinados a escuelas de educación media superior y superior en la Montaña de Guerrero. La mandataria no estableció una fecha para la aplicación de esos recursos.
Las investigaciones han documentado un entramado financiero internacional relacionado con empresas de la familia Weinberg. De acuerdo con la información presentada por autoridades mexicanas, recursos fueron transferidos mediante compañías y cuentas ubicadas en países como Barbados, Israel, Estados Unidos, Chipre y Panamá, entre otros destinos.
El caso tiene además un nuevo frente dentro de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 20 de agosto que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene legitimación para promover un amparo directo en defensa de recursos públicos correspondientes a su presupuesto. La decisión permite que continúe la disputa judicial relacionada con 16 exservidores públicos señalados por presuntas irregularidades en contratos penitenciarios.
Esos contratos corresponden a la construcción y operación de ocho centros penitenciarios y el daño patrimonial estimado supera los 5 mil millones de pesos. La resolución de la Corte no implica por sí misma una condena contra los exfuncionarios, pero mantiene abierta la vía para que el caso sea revisado y se determine el fondo de las acusaciones.
García Luna, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, cumple actualmente una condena en Estados Unidos. Paralelamente, México ha emprendido procedimientos para recuperar activos relacionados con operaciones y contratos atribuidos al exfuncionario y su círculo empresarial.
El desafío para las autoridades mexicanas será convertir los fallos judiciales en recuperación efectiva. Aunque las sentencias obtenidas contra García Luna, su esposa y el Grupo Weinberg suman miles de millones de dólares, hasta ahora únicamente una fracción ha podido materializarse.
La UIF sostiene que la búsqueda continúa y que existen más propiedades bajo identificación. Para el Gobierno de México, el siguiente paso será conseguir su aseguramiento, eventual venta y transferencia al patrimonio público.
