Chicago, 6 de octubre de 2026.— Un año después de sobrevivir a un tiroteo durante un operativo migratorio, Marimar Martínez presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La mujer, de 31 años e hija de inmigrantes duranguenses, busca que se esclarezca la actuación del agente que le disparó y dar visibilidad a otros casos de violencia durante acciones de las autoridades federales.
El caso ocurrió el 4 de octubre de 2025 en Chicago. Charles Exum, integrante de la Patrulla Fronteriza, perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), disparó cinco veces contra Martínez, quien sufrió siete heridas. Las autoridades sostuvieron inicialmente que ella había utilizado su automóvil para agredir a los agentes; posteriormente, la fiscalía retiró los cargos en su contra.
Ahora, su defensa cuestiona la justificación de legítima defensa. Según los abogados, un análisis de las trayectorias de las balas y las lesiones indica que Exum no estaba frente al vehículo cuando abrió fuego y que el último disparo se realizó desde atrás. También sostienen que las grabaciones de las cámaras corporales contradicen aspectos de la versión oficial sobre el encuentro entre los vehículos.
Durante el proceso se conocieron mensajes en los que el agente presumía el resultado del tiroteo: “disparé cinco veces y ella terminó con siete agujeros. Anoten eso en su libro, muchachos”. La difusión de estas conversaciones se sumó a los cuestionamientos sobre la actuación de Exum y al señalamiento público de Martínez como responsable de “terrorismo doméstico”, pese a que los cargos penales fueron desestimados.
Martínez, quien trabaja como asistente en una escuela Montessori, explicó que las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales reforzaron su decisión de hablar públicamente. Dijo que tiene “una voz, que quiero usar porque ya no quiero que esto siga ocurriendo”. Sus padres emigraron de Durango en la década de los noventa y posteriormente obtuvieron la ciudadanía estadounidense; ella nació y creció en Estados Unidos.
La demanda fue presentada contra el gobierno federal, y no directamente contra Exum, bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios. En respuesta al caso, CBP informó que el agente se encuentra en licencia administrativa y que los incidentes de uso de la fuerza son sometidos a investigación y revisión independiente. Las acusaciones de Martínez deberán resolverse en el proceso judicial.
