En su publicación en X, Harfuch describió las instalaciones previstas como un centro “moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”.
Mientras se concreta la construcción, el Centro Penitenciario de Mazatlán permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El anuncio ocurre después de dos episodios de violencia registrados en el penal de Mazatlán los días 8 y 9 de octubre. De acuerdo con la cobertura local, los hechos dejaron 12 personas fallecidas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita. Tras estos acontecimientos, la gobernadora Graciela Domínguez Nava informó sobre la intervención de autoridades federales para revisar la seguridad del centro e investigar lo ocurrido.
Para desarrollar el nuevo proyecto, Harfuch agradeció a la gobernadora su disposición para aportar los terrenos necesarios. El financiamiento de la construcción corresponderá a la Federación, mientras que la colaboración estatal permitirá disponer del predio.
