De acuerdo con información difundida por las secretarías de Gobernación y Turismo, la modificación forma parte de los ajustes previstos para el próximo año y todavía está sujeta a la aprobación definitiva del Congreso de la Unión.
La propuesta establece que el 57 por ciento de los recursos recaudados por este concepto se destinaría a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.
Las dependencias señalaron que los 175 pesos adicionales se canalizarían al INM para fortalecer su infraestructura tecnológica, mejorar la seguridad fronteriza y modernizar los sistemas de control migratorio.
Buscan modernizar los controles migratorios
Según las autoridades, los recursos permitirían actualizar los sistemas de revisión de documentos, los registros de entradas y salidas del país y la gestión de trámites migratorios.
También se busca agilizar los procedimientos en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres, reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a los viajeros internacionales.
Las dependencias indicaron que la modernización tecnológica contribuiría a fortalecer la identificación de personas y la detección de posibles riesgos en los puntos de ingreso a México.
Advierten posibles efectos en el turismo
Por otra parte, un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac advierte que un incremento de esta magnitud podría afectar la competitividad turística de México frente a otros destinos de América Latina.
Como referencia, el análisis señala que República Dominicana cobra alrededor de 10 dólares por un concepto equivalente, una diferencia que podría influir en la comparación de costos que realizan los viajeros internacionales.
Inicialmente, las autoridades contemplaban un aumento del 35.8 por ciento, equivalente a poco más de 350 pesos; sin embargo, la propuesta actual plantea un incremento de 175 pesos.
El ajuste al Derecho de No Residente aún deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión para que pueda entrar en vigor.
