En un informe presentado ante las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el órgano fiscalizador detalló que desde mayo de 2025 inició 13 expedientes de investigación vinculados con posibles anomalías en contrataciones. Los casos involucran, de acuerdo con el documento, a funcionarios y exfuncionarios electorales, particulares y empresas.
El OIC también informó que, derivado de seis auditorías y ocho revisiones de control, comenzaron otras 24 investigaciones relacionadas con procedimientos de contratación.
Entre las posibles irregularidades detectadas se encuentran documentación presuntamente falsa o alterada, posibles conflictos de interés, deficiencias en la supervisión de contratos, pagos sin comprobación suficiente y la participación de empresas que no habrían acreditado la capacidad técnica u operativa necesaria para prestar los servicios contratados.
El órgano precisó que encontró elementos relacionados con posibles conflictos de interés en tres de los cuatro casos revisados, mientras que el restante continúa bajo investigación. No obstante, subrayó que los procedimientos deberán desarrollarse con independencia, rigor técnico y respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Reportan sanciones a funcionarios y proveedores
El informe señala que, de enero de 2025 a la fecha de su elaboración, se emitieron 20 sanciones administrativas, entre ellas inhabilitaciones de funcionarios, exfuncionarios y particulares, así como una suspensión temporal del empleo, cargo o comisión. También se impusieron tres sanciones económicas cuyo monto acumulado asciende a 1.6 millones de pesos.
Uno de los casos mencionados es el de Bell-Krom, S.A. de C.V., empresa contratada para suministrar 25 mil 302 chamarras destinadas a supervisores electorales y capacitadores-asistentes durante el proceso electoral federal de 2023-2024.
Según el OIC, la compañía incumplió con la entrega de los bienes contratados, por lo que fue inhabilitada el pasado 2 de octubre.
Asimismo, el organismo informó que notificó al INE 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de una auditoría a los procesos de adquisición, arrendamiento de bienes y contratación de servicios realizados entre diciembre de 2024 y mayo de 2026.
La revisión incluyó distintas áreas administrativas del instituto, entre ellas Comunicación Social, Organización Electoral, Administración y Fiscalización.
Proponen reglas comunes para las contrataciones electorales
Además de documentar los hallazgos, el Órgano Interno de Control planteó ante la Cámara de Diputados la necesidad de establecer una política nacional de regulación para las contrataciones electorales.
La propuesta busca homologar criterios técnicos y fortalecer los mecanismos de comparación de precios, mediante estudios de mercado, bases de datos históricas, catálogos de bienes y precios de referencia, sin vulnerar la autonomía del INE ni la de los organismos públicos locales electorales.
El OIC advirtió que las diferencias entre los marcos normativos y los procedimientos de contratación dificultan comparar costos e identificar oportunamente posibles riesgos en el uso de recursos públicos.
También propuso coordinar las labores de fiscalización entre el INE, los organismos electorales estatales y las entidades de auditoría, incluida la Auditoría Superior de la Federación, para mejorar la vigilancia del gasto.
El órgano de control indicó que continuará con las investigaciones en curso y dará intervención a las autoridades competentes cuando los hechos excedan sus atribuciones. Las posibles responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
