Perú propondrá a la OEA cambios al asilo diplomático tras el caso Betssy Chávez
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, explicó que la propuesta busca corregir lo que calificó como una “desviación en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954”.
El gobierno peruano llevará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una iniciativa para reformar los lineamientos del asilo diplomático, luego de que México otorgara protección a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente procesada por su presunta intervención en el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en diciembre de 2022.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, explicó que la propuesta busca corregir lo que calificó como una “desviación en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954”. De acuerdo con el canciller, la intención es que los países que concedan asilo estén obligados a requerir la “información adecuada” sobre la persona solicitante antes de resolver su petición.
El objetivo, insistió, es que las decisiones en esta materia no respondan a “cuestiones ideológicas”.
Tensión por el asilo y postura del Ejecutivo peruano
En el caso específico de Chávez, De Zela subrayó que “la posición del gobierno es atenerse a las reglas del derecho internacional sin duda alguna”. La ex funcionaria permanece desde hace tres semanas dentro de la embajada mexicana en Lima, situación que detonó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
La presencia de Chávez en la sede diplomática generó fricciones internas en el propio gobierno peruano. El presidente interino, José Jerí, declaró al diario El Comercio que “si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará”, sugiriendo incluso una acción similar al asalto de la sede diplomática mexicana en Ecuador para detener a Jorge Glas. Sin embargo, su propio primer ministro, Ernesto Álvarez, negó posteriormente esa posibilidad.
De Zela también reiteró que Perú no irrumpirá en la embajada para detener a la ex primera ministra, pese a la orden de captura internacional emitida el viernes pasado, que incluye cinco meses de prisión preventiva por riesgo de fuga. La Justicia peruana consideró “palpable” esa posibilidad ante la ausencia de Chávez en controles biométricos y audiencias judiciales.
Respuesta de México
Desde Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que cualquier intento del gobierno peruano por entrar a la sede diplomática constituiría una “violación grave” del derecho internacional y de la soberanía mexicana.
Mientras tanto, Chávez continúa a la espera de que Perú le otorgue el salvoconducto que le permita viajar a territorio mexicano.