CHIHUAHUA.- La solicitud de juicio político promovida por diputados de Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efecto luego de que los promoventes no ratificaran formalmente el recurso dentro del plazo legal establecido por la Cámara de Diputados.
La controversia surgió después de que once legisladores morenistas presentaran una denuncia en la que acusaban a la mandataria estatal de haber permitido presuntas operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano, a raíz del operativo realizado en la Sierra del Pinal. Los promoventes argumentaban que dichos hechos podrían constituir una afectación a la soberanía nacional y justificaban la apertura de un procedimiento de juicio político.
Sin embargo, el trámite no avanzó. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, explicó que la legislación establece un plazo de tres días para ratificar este tipo de solicitudes. Al no cumplirse ese requisito, el procedimiento perdió validez jurídica y fue archivado automáticamente.
“Hubo una solicitud de juicio político, esta solicitud tenía tres días para ser ratificada. No se ratificó y eso significa que no existe una solicitud de juicio político en este momento”, señaló la legisladora panista. No obstante, aclaró que ello no impide que en el futuro pueda presentarse una nueva denuncia si los promoventes así lo deciden.
La fallida solicitud se suma a una serie de señalamientos recientes contra la gobernadora. En las últimas semanas, la Fiscalía General de la República citó a comparecer a Maru Campos en calidad de testigo dentro de la investigación relacionada con el operativo de abril en Chihuahua, mientras que Morena también anunció la intención de impulsar acciones políticas y legales por el mismo caso.
Tras conocerse que la solicitud de juicio político quedó sin efectos, la gobernadora sostuvo que enfrenta una serie de acciones simultáneas en su contra y acusó una presunta persecución política. Por su parte, desde Morena se ha insistido en que las investigaciones deben continuar para esclarecer la posible participación de autoridades estatales en hechos relacionados con la presencia de agentes extranjeros durante operativos de seguridad en la entidad.
