La dirigencia estatal del partido promovió un juicio electoral en el que solicita la nulidad total de los comicios para renovar el Congreso local.
Entre las anomalías denunciadas se encuentran la presunta compra y coacción del voto mediante códigos QR, la participación de servidores públicos en actividades electorales, propaganda calumniosa, uso electoral de programas sociales, violencia e intimidación contra simpatizantes y violencia política de género.
MORENA también señaló presuntas inconsistencias en 962 casillas, equivalentes al 22.6 por ciento del total instalado en la entidad, así como un posible rebase de topes de gastos de campaña por parte de candidaturas del PRI.
Como parte de la estrategia legal, el partido presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar el origen de recursos que presuntamente habrían sido utilizados en esquemas de compra y coacción del voto.
Mientras MORENA anunció la judicialización del proceso y decidió no acudir a recibir las constancias de representación proporcional en señal de protesta, el Instituto Electoral de Coahuila validó el cómputo estatal, confirmó la asignación de diputaciones plurinominales y dio por concluida la etapa administrativa de la elección.
Los resultados oficiales otorgaron el triunfo en los 16 distritos de mayoría relativa a la alianza integrada por PRI y Unidad Democrática de Coahuila, que obtuvo alrededor del 55 por ciento de la votación, mientras que la coalición Morena-PT alcanzó cerca del 26 por ciento y no consiguió ganar ningún distrito.
Con la validación de los resultados por parte de la autoridad electoral y las impugnaciones ya presentadas, el futuro de la elección legislativa de Coahuila quedará ahora en manos de los tribunales electorales.
