CDMX.- El debate por la propuesta de regulación sobre el derecho de las audiencias escaló hasta el terreno internacional luego de que la columnista Mary O’Grady, del Wall Street Journal, cuestionara los alcances de la iniciativa impulsada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. La periodista advirtió que la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podría tener facultades para evaluar la veracidad de contenidos periodísticos y determinar si ciertas expresiones difundidas en medios electrónicos son de interés público.
En su columna, O’Grady planteó que este tipo de regulación podría abrir la puerta a presiones contra medios de comunicación, especialmente radio y televisión, al generar temor a sanciones económicas. Bajo esa lectura, las empresas periodísticas podrían modificar sus contenidos o autocensurarse para evitar multas. Incluso sostuvo que Sheinbaum estaría intentando “silenciar a los críticos” mediante la nueva estructura regulatoria.
La respuesta del Gobierno de México llegó a través del canciller Roberto Velasco Álvarez, quien rechazó que exista censura contra la prensa mexicana. En una carta dirigida al medio, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que México vive “el momento más libre y democrático de su historia” y sostuvo que la prensa no está silenciada, pues todos los días tiene acceso a la presidenta y mantiene espacios abiertos para cuestionar al gobierno.
Velasco respondió que determinar si un gobierno censura a su prensa no es un asunto de retórica, sino de evidencia. Como ejemplo, señaló que una de las dos cadenas de televisión más grandes del país mantiene una línea editorial abiertamente crítica hacia el gobierno y conserva intacta su concesión. También defendió que académicos y columnistas críticos puedan publicar libremente sus opiniones en medios mexicanos.
Sobre la ley de audiencias, el canciller argumentó que los lineamientos no crean un “árbitro de la verdad”, como advierte O’Grady, sino que forman parte de un marco relacionado con el uso del espectro radioeléctrico, considerado un bien público concesionado a particulares. Según la respuesta de México, los derechos de las audiencias corresponden a radioescuchas y televidentes, y su cumplimiento recae principalmente en defensores de audiencias dentro de cada cadena, no en un mecanismo de censura contra la prensa escrita.
El Gobierno mexicano también sostuvo que el Congreso legisló este marco y que la Suprema Corte determinó que los derechos de las audiencias tienen prioridad sobre intereses comerciales de los concesionarios. Aun así, Velasco cerró su respuesta defendiendo el derecho de Mary O’Grady a publicar sus críticas, incluso cuando el gobierno no coincida con ellas.
Con ello, México buscó desmontar la acusación central del Wall Street Journal: que la propuesta pueda convertirse en una herramienta para controlar medios. La respuesta oficial insiste en que el debate sobre las reformas es legítimo, pero que hablar de censura exige pruebas concretas y no solo advertencias políticas sobre sus posibles efectos.
