La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que existan órdenes de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en días recientes circularan versiones sobre una supuesta orden de captura contra el empresario tabasqueño.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, fue cuestionada sobre el tema este 16 de septiembre, a su llegada al Zócalo de la Ciudad de México para asistir al Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario de la Independencia. Ante la pregunta sobre si existía una orden contra Olán, respondió: “No, no hay nada”. Al ser interrogada posteriormente sobre “Andy” López Beltrán, la fiscal respondió: “Tampoco”.
Las declaraciones se produjeron dos días después de que distintos medios difundieran que la FGR habría obtenido una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán por el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con esas versiones, el supuesto mandamiento habría sido emitido por un juez del Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Los reportes relacionaron esa presunta orden con una investigación por posibles delitos fiscales y contrabando de combustible alrededor de la empresa Portacelis Gas and Oil. La versión publicada señalaba un posible monto de 834 millones de pesos. Hasta antes de la declaración de Godoy, la FGR no había confirmado públicamente la existencia de dicha orden.
El nombre de Olán también ha aparecido en información relacionada con Andrés Manuel López Beltrán, en medio de señalamientos sobre el llamado huachicol fiscal. Sin embargo, desde agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum había rechazado que “Andy” estuviera bajo investigación por ese asunto. El 18 de agosto afirmó que “no estuvo” en el radar de las autoridades y sostuvo que no existían pruebas de algún vínculo suyo con un delito.
En aquella ocasión, Sheinbaum también cuestionó que el retiro de la visa estadounidense de López Beltrán pudiera utilizarse como fundamento para abrir una investigación penal en México. La presidenta señaló que corresponde a la Fiscalía determinar cuándo existen elementos para investigar y sostuvo que una decisión relacionada con una visa no constituye por sí misma evidencia de un delito.
