Estado de México.- La Operación “Enjambre”, implementada para investigar y desarticular posibles redes de protección institucional vinculadas con grupos criminales, acumula sentencias condenatorias que suman mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 objetivos prioritarios en el Estado de México.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre las personas detenidas y procesadas se encuentran servidores y exservidores públicos estatales y municipales, presidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores de ayuntamientos y elementos de corporaciones policiales. Los casos están relacionados con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y evasión, además de posibles vínculos con grupos criminales.
La operación surgió a partir de investigaciones relacionadas con el hallazgo de restos humanos de 10 víctimas en pozos de Nicolás Romero, donde se estableció la participación de elementos de la policía municipal. A partir de ese caso y de otras investigaciones por delitos de alto impacto, las autoridades identificaron posibles redes de protección dentro de corporaciones de seguridad y administraciones municipales.
El primer despliegue de la Operación “Enjambre” se realizó el 22 de noviembre de 2024, mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.
Entre las sentencias destacan las dictadas contra excomisarios, expolicías y exfuncionarios municipales. Por ejemplo, un excomisario de Nicolás Romero recibió penas de 40 y 150 años de prisión por homicidio, secuestro exprés con fines de robo y extorsión, mientras que una expresidenta municipal de Amanalco fue condenada a 70 años por homicidio.
La Fiscalía señaló que la Operación “Enjambre” permanece activa y que continúan integrándose investigaciones contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores, cuyos expedientes podrían ser judicializados por su probable participación o relación con hechos delictivos
