Argentina busca frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que pretende comenzar a extraer crudo en 2028. El reclamo incluye la disputa por la soberanía de las islas y la protección del medio marino.
Argentina y Reino Unido presentarán sus argumentos el 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en una nueva etapa de la disputa por la explotación petrolera en las aguas cercanas a las islas Malvinas, administradas por Reino Unido, pero cuya soberanía reclama Argentina.
El tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, informó el 20 de octubre que su presidente, Maurice K. Kamga, fijó las fechas para las audiencias públicas, en las que se analizarán las medidas provisionales solicitadas por el gobierno argentino para frenar las actividades petroleras en la zona.
Argentina presentó su solicitud con base en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entre sus peticiones, exige que Reino Unido detenga las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos, deje de utilizar la información obtenida durante la exploración y se abstenga de conceder nuevos permisos para extraer recursos de la plataforma continental en disputa.
El gobierno de Javier Milei también pidió que se eviten acciones que agraven el conflicto y que se garantice la protección del medio marino en las áreas involucradas.
La controversia gira alrededor de Sea Lion, un proyecto de explotación petrolera en alta mar que busca comenzar a extraer crudo en 2028. La iniciativa está a cargo de la empresa Navitas, con una participación del 65 por ciento, mientras que la británica Rockhopper posee el 35 por ciento restante.
Argentina considera ilegales los permisos concedidos por las autoridades locales de las islas para desarrollar el proyecto y ya presentó denuncias contra las compañías involucradas.
Además de la disputa por la soberanía y el control de los recursos naturales, el caso plantea preocupaciones ambientales. Las operaciones petroleras en el mar implican riesgos de derrames y contaminación que pueden afectar a la fauna y los ecosistemas marinos. La magnitud de los daños depende de las características de cada operación y de las medidas de prevención y respuesta ante posibles incidentes.
En su solicitud, Argentina sostiene que Reino Unido debe abstenerse de realizar actividades que puedan comprometer la protección del medio marino mientras continúa la controversia. La petición busca frenar el avance del proyecto y evitar que se otorguen nuevas autorizaciones antes de que se resuelva el conflicto.
