CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá revisar los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), incluidos aquellos relacionados con la fabricación y distribución de materiales electorales que, durante aproximadamente 20 años, han sido asignados a un grupo reducido de empresas, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, la mandataria consideró necesario revisar cómo se han otorgado estos contratos y qué mecanismos permitieron que los mismos proveedores mantuvieran relaciones comerciales con el organismo electoral durante distintos periodos.
La revisión, explicó, no debe limitarse a la administración de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, sino que también debe abarcar gestiones anteriores, incluido el periodo de Lorenzo Córdova.
Sheinbaum precisó que, debido a la autonomía constitucional del Instituto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no tiene facultades para intervenir directamente en sus procesos internos de fiscalización. Por ello, corresponde a la ASF revisar el ejercicio de los recursos públicos y determinar si existen irregularidades.
En caso de encontrar posibles delitos, los resultados deberán remitirse a la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las faltas administrativas tendrán que atenderse por las instancias correspondientes.
A las declaraciones de la presidenta se sumó Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, quien calificó como indefendible el desempeño de Taddei y cuestionó que la exconsejera presidenta no se condujera bajo los principios de ética que exige el servicio público.
Montiel sostuvo que la autonomía del organismo electoral no debe convertirse en un argumento para evitar responsabilidades y consideró que las investigaciones deben alcanzar tanto a funcionarios actuales como a exservidores públicos y particulares que hayan prestado servicios al Instituto.
INE prepara auditoría urgente
En medio de estos señalamientos, el propio INE prepara una solicitud a la Auditoría Superior de la Federación para realizar una fiscalización urgente de sus cuentas, particularmente de las adquisiciones realizadas desde 2023.
La revisión forma parte de los cambios iniciados tras la salida de Taddei. Hace una semana, Blanca Cruz asumió la presidencia provisional del organismo y comenzó, junto con los otros nueve consejeros, una evaluación de su situación administrativa y operativa.
Como parte de este proceso, también se solicitó la renuncia de funcionarios cercanos a la anterior presidencia, algunos de ellos relacionados con reuniones sociales con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
El caso tomó mayor relevancia después de que Latinus difundiera nuevas grabaciones sobre los encuentros entre Taddei y Hernández Casillas, proveedor del INE. En uno de los materiales publicados el 2 de noviembre, el empresario habla sobre cantidades, porcentajes y posibles ganancias relacionadas con contratos para la producción y autenticación de credenciales para votar y otros servicios del organismo.
De acuerdo con la información difundida por el medio, el encuentro habría ocurrido el 16 de febrero de 2026. En el fragmento publicado, Taddei aparece en la reunión, aunque no se le escucha intervenir.
A estas revisiones se suman auditorías del Órgano Interno de Control del INE sobre posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés.
