Ciudad de México.- La cancelación de visas estadounidenses se ha convertido en una herramienta de presión política contra funcionarios y gobiernos de América Latina. Bajo la administración de Donald Trump, esta medida permite a Washington restringir el acceso a su territorio sin hacer públicas las razones específicas ni las pruebas que sustentan cada decisión, mientras abre la posibilidad de utilizar su restitución como un mecanismo de negociación.
El caso más reciente que evidencia los alcances de esta estrategia ocurrió en Chihuahua. Una investigación de The New York Times, publicada por los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas, reveló que Guillermo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, recuperó su visa estadounidense después de colaborar durante más de seis meses con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
De acuerdo con el reportaje, Zuany facilitó el contacto entre agentes estadounidenses y policías estatales, permitió su participación en entrenamientos tácticos y los acompañó en distintos operativos contra organizaciones criminales. La colaboración incluyó la presencia de agentes armados en territorio mexicano y su intervención en acciones de inteligencia y seguridad.
El exfuncionario había perdido su visa por presuntos vínculos con grupos criminales que también eran investigados por las autoridades estadounidenses. Según los testimonios recabados por el periódico, la CIA encontró en él un aliado que podía facilitar sus operaciones en México y, a cambio de esa cooperación, le fue restituido el documento migratorio.
La participación de agentes extranjeros sin autorización del Gobierno federal desató una investigación sobre posibles violaciones a la soberanía nacional. El exfiscal César Jáuregui Moreno fue detenido y enfrenta cargos de traición a la patria y ejercicio ilegal del servicio público, mientras Zuany permanece prófugo y tiene órdenes de aprehensión vigentes.
El caso adquirió mayor relevancia por los antecedentes que el mismo periódico había documentado en agosto. En una investigación sobre el uso de las visas como instrumento de presión en América Latina, The New York Times explicó cómo el gobierno de Trump ha utilizado las restricciones migratorias para influir en decisiones de funcionarios y gobiernos, incluso cuando estas determinaciones no van acompañadas de acusaciones penales públicas.
La estrategia tiene una característica que aumenta su capacidad de presión. Las autoridades estadounidenses manejan los expedientes migratorios bajo criterios de confidencialidad, por lo que los afectados pueden perder su visa sin que se conozcan públicamente los elementos que motivaron la decisión. Esto tampoco significa que la cancelación demuestre por sí misma la comisión de un delito.
En México, las consecuencias de esta política también han alcanzado a funcionarios de Baja California. La gobernadora Marina del Pilar Ávila perdió su visa estadounidense en mayo de 2025 y, posteriormente, se difundieron grabaciones de conversaciones con personas que se presentaban como intermediarios de autoridades estadounidenses.
En los audios se habla de la posibilidad de proporcionar información obtenida en las mesas de seguridad a cambio de ayuda con su situación migratoria. La mandataria reconoció los contactos, pero sostuvo que sus interlocutores nunca acreditaron representar oficialmente al gobierno estadounidense y negó haber concretado un acuerdo irregular.
Los casos conocidos corresponden a funcionarios de alto perfil, pero todavía no existe información pública suficiente para determinar cuántos otros servidores públicos han recibido acercamientos similares o qué tipo de cooperación se les ha solicitado.
La diferencia entre retirar una visa y ofrecer su restitución a cambio de colaboración es especialmente delicada cuando los funcionarios involucrados tienen acceso a información de seguridad, investigaciones criminales y operaciones de las instituciones mexicanas.
El caso de Chihuahua demostró que la recuperación de un documento migratorio puede estar relacionada con el acceso de una agencia extranjera a operaciones dentro del país. Los antecedentes de Baja California muestran, además, que la información que poseen los funcionarios puede convertirse en parte de conversaciones sobre su situación ante las autoridades estadounidenses.
Hasta ahora, no hay evidencia pública que permita afirmar que todos los políticos a quienes se les retiró la visa hayan recibido propuestas de este tipo. Sin embargo, los antecedentes conocidos abren cuestionamientos sobre el alcance de la presión estadounidense, los acuerdos que podrían mantenerse fuera del conocimiento público y los límites de la cooperación entre ambos países.
