La postura de MORENA frente al caso Sinaloa hecha en una conferencia de prensa este martes tiene un valor político propio. El partido responde desde la institucionalidad y no se sube al tren del linchamiento ni desde evadir un tema que es delicado.
En tiempos donde la conversación pública suele pedir culpables antes que pruebas, Ariadna Montiel puso las cosas en su lugar. Ante señalamientos graves, deben presentarse evidencias, procesarse conforme a la ley y evitar que extranjeros le pasen por encima al Estado mexicano.
La posición es importante porque no cae en la tentación de ocultar el tema, pero tampoco busca el sacrificio en la plaza pública para calmar el ruido mediático.
MORENA eligió una ruta más inteligente, pero también más compleja. Atender el caso, exigir pruebas y, al mismo tiempo, sostener que México no puede ser tratado como un territorio que se subordina a intereses extranjeros.
Ese es precisamente el fondo político. No niega la gravedad de las acusaciones, ni tampoco minimiza el tema de seguridad en Sinaloa. La justicia se defiende y se mantiene independiente a la presión diplomática y los calendarios electorales, tanto de México como de Estados Unidos.
La postura morenista se mantiene en que el combate a la corrupción y al crimen organizado no significa renunciar al debido proceso, sino que, por el contrario, exige un proceso legal limpio, investigando, probando y sancionando, y todo eso sin subordinarse a nadie.
