Luego de que varias colonias de Tijuana enfrentaran un corte imprevisto de agua, provocado por un deslave que dañó parte del acueducto Florido-Aguaje, la CESPT tuvo que reaccionar contra el reloj para controlar el escurrimiento, evaluar los daños y reparar la infraestructura.
Al acudir al sitio, la directora de la paraestatal, Mónica Vega, recibió un informe según el cual las primeras estimaciones contemplaban un plazo mayor para concluir la reparación; sin embargo, las cuadrillas lograron avanzar antes de lo previsto y el servicio comenzó a restablecerse desde ayer domingo, reduciendo considerablemente el tiempo de afectación para cientos de miles de usuarios.
Pero la situación alcanzó su momento de mayor tensión mediática, cuando el senador con licencia Armando Ayala Robles acudió el pasado viernes a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, acompañado por alrededor de 20 personas, con el propósito de gestionar la atención de quejas relacionadas con el servicio de agua.
La visita terminó poniendo a Mónica Vega en una posición incómoda.
No era un adversario político ni un desconocido, sino un compañero del mismo movimiento que, además, busca la candidatura a un cargo de elección popular.
Atenderlo bajo las condiciones que solicitaba podía interpretarse como una ventaja frente a otros contendientes; negarse, en cambio, implicaba marcarle un límite a alguien de casa.
Vega optó por lo segundo y explicó que ningún programa social puede utilizarse para beneficiar a un aspirante, al recordar que las acciones de gobierno deben mantenerse al margen de cualquier promoción político-electoral.
“Hay que conocer la ley electoral; si yo hubiera atendido bajo las condiciones que el senador estaba exigiendo, hubiera vulnerado esta situación por poner en desventaja a quienes están compitiendo con él”, sostuvo.
La decisión de la directora de la CESPT no era menor, porque resulta sencillo pedir neutralidad cuando enfrente está un adversario, pero hacerlo con alguien del propio movimiento suele ser bastante más incómodo.
Aun así, Mónica Vega dejó claro que Armando Ayala podía ser atendido como cualquier ciudadano, pero no bajo condiciones que pudieran traducirse en una ventaja política.
Al final, la semana terminó colocándola frente a dos problemas muy distintos. El más importante exigía decisiones técnicas y trabajo contra el reloj para devolver el agua a la ciudad; el otro, criterio político para poner límites dentro de su propio movimiento.
En ambos casos optó por proteger la institución antes que la conveniencia del momento.
Reparar un acueducto exige maquinaria, trabajo arduo y tiempo, pero sostener la neutralidad de una institución dependerá siempre de una decisión clara e inteligente.
