El debate sobre el huachicol fiscal sumó un nuevo capítulo en la disputa por las responsabilidades históricas, luego de que la presidente de MORENA, Ariadna Montiel, atribuyera su origen a las condiciones creadas durante los gobiernos del PRI y del PAN, particularmente a partir de la apertura energética de 2013.
La afirmación tiene una base histórica que merece analizarse y explicar dónde surgieron determinadas condiciones no equivale a resolver quién permitió que una práctica ilegal continuara después.
La reforma energética modificó profundamente el mercado mexicano y amplió la participación privada en la importación de combustibles.
Para MORENA, esa apertura representa el punto de origen de redes que posteriormente aprovecharon permisos y mecanismos comerciales para introducir hidrocarburos irregularmente.
Sin embargo, el contrabando no aparece automáticamente porque exista un mercado abierto; necesita empresas dispuestas a violar la ley, controles insuficientes, posibles complicidades y autoridades incapaces de detectarlo o detenerlo.
Ahí está la parte relevante del debate planteado por Montiel.
Investigar cómo fueron concedidos los permisos y determinar si existieron actos de corrupción resulta indispensable, pero la responsabilidad pública no puede detenerse en el sexenio donde comenzó el problema.
Si las redes sobrevivieron durante diferentes administraciones, también corresponde explicar cómo lograron hacerlo.
El caso de Ernesto Ruffo vuelve particularmente sensible la discusión para Baja California.
La Fiscalía lo ha relacionado con una investigación por presunto contrabando de combustibles mediante Ingemar, empresa de la que es accionista mayoritario, mientras que información pública señala que algunos permisos permanecieron vigentes después de litigios y amparos.
Las responsabilidades definitivas, naturalmente, corresponden a los tribunales, donde lo verdaderamente importante será que se haga justicia, sin excepciones y caiga quien caiga.
