El Segundo Informe de Claudia Sheinbaum dejó una lectura política mucho más interesante que la simple acumulación de cifras, programas y obras públicas, porque detrás de cada dato apareció una presidenta con control del gobierno, capacidad para marcar prioridades y suficiente autoridad para fijar el tono de su administración tanto hacia dentro como hacia fuera.
El Informe funcionó como una exposición del tipo de poder que Sheinbaum ha decidido ejercer, al ser más institucional y tener el respaldo con resultados.
Al apostar por lo cuantitativo, los números que presentó ayudan a sostener esa imagen y que le dan un peso al trabajo en estos dos años de su gobierno.
La reducción de 51 por ciento en homicidios dolosos, la caída de 54 por ciento en delitos de alto impacto respecto de 2018, los ingresos federales por 6.046 billones de pesos, la inversión extranjera directa por 35 mil millones de dólares, el crecimiento trimestral del PIB de 1.4 por ciento y un peso cercano a las 17 unidades por dólar fueron utilizados para mostrar estabilidad, capacidad de gestión y resultados concretos.
Naturalmente, un informe presidencial expone la mejor versión del propio gobierno y sus cifras necesitan contraste permanente con las fuentes estadísticas correspondientes, pero políticamente hay un elemento que no puede ignorarse, porque Sheinbaum ya dispone de indicadores propios con los cuales defender su administración sin depender únicamente del capital político heredado.
Ese proceso también se observó en la forma en que habló de Estados Unidos. La frase sobre una soberanía que “no se negocia, no se entrega y no se comparte” fue una manera de fijar los límites de la relación bilateral en un momento en el que México necesita cooperación comercial, coordinación en seguridad y diálogo permanente con Washington.
Y lo más importante, es que Sheinbaum evitó convertir esa relación en espectáculo y, al mismo tiempo, dejó claro que cooperación no significa subordinación ni renuncia a principios nacionales.
También resulta relevante su insistencia en que dentro del movimiento no existen divisiones ni rompimientos. La declaración, por supuesto, no significa que hayan desaparecido las diferencias, los grupos, las ambiciones o las disputas internas, algo prácticamente imposible en cualquier fuerza política que controla buena parte del poder nacional, pero sí revela quién pretende administrar esas tensiones y desde dónde se establecerá la línea pública del oficialismo.
Ahí está probablemente el mensaje central de su Segundo Informe, al dejar claro que la conducción política del país pasa por su Presidencia, con una forma de ejercer el poder que combina disciplina interna, control de agenda y una apuesta por resultados medibles.
Por ello, el reto ya no consiste en definir de dónde viene su proyecto, sino en sostenerlo bajo sus propias decisiones, corregir lo que no funcione y mantener cohesión sin convertir cada diferencia en una crisis pública.
No hay duda de que este Informe dará para varios días de análisis y sobremesas políticas, porque no mostró solamente a una Presidenta rindiendo cuentas, sino a una mandataria que ejerce con claridad el peso político de la Presidencia, marca prioridades, fija el rumbo y deja ver una conducción firme del gobierno.
