Miércoles 12 de agosto de 2026
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TINTA DE LA CASA

El límite del audio
La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmedo tiene, como cualquier persona que ejerce el poder, la obligación de responder ante señalamientos sustentados y de enfrentar el escrutinio público sin privilegios.

Y la aparición sistemática de diversos audios alrededor de su figura comienza a plantear un problema distinto al contenido político de cada grabación.

Así que es invariable que surja el cuestionamiento sobre cuándo una filtración comienza a construir una condena pública, mediante entregas sucesivas cuya autenticidad y origen no siempre pueden ser comprobados por la ciudadanía.

Este 11 de agosto circuló una nueva grabación sobre la cual el periodista Gildo Garza explicó, en entrevista radiofónica, que se escucharía a una persona advertir a la gobernadora sobre una presunta “última oportunidad” ofrecida por agencias estadounidenses.

Es una afirmación grave precisamente por las implicaciones que tendría si pudiera acreditarse Y justo ahí es donde debería estar el centro de la discusión.

Una grabación, por impactante que resulte, no sustituye una investigación, como tampoco una sucesión de filtraciones convierte automáticamente una versión en verdad.

Marina del Pilar debe rendir cuentas por aquello que pueda demostrarse, no por aquello que la repetición consiga instalar como certeza.

Hay quienes olvidan que la crítica periodística pierde fuerza cuando abandona la comprobación y entra en la lógica de la demolición personal. Después de tantos audios, quizá sea momento de escuchar menos el ruido.
La prioridad correcta
La instrucción de Claudia Sheinbaum para acelerar el regreso desde Colombia, de los niños tijuanenses que integran el equipo de futbol Leyendas Obeliz, merece analizarse por lo que representa institucionalmente y no solamente por la carga emocional inevitable de tener a menores mexicanos en un país golpeado por un terremoto.

Ante una emergencia internacional, la responsabilidad del Estado no termina en confirmar que sus ciudadanos están a salvo.

La protección consular implica localizarlos, mantener comunicación, evaluar riesgos y, cuando las circunstancias lo requieren, construir alternativas para facilitar su retorno.

En este caso existe además un elemento que eleva la prioridad, al tratarse de una delegación infantil.

Por eso, la decisión presidencial de instruir a la Cancillería para trabajar en su regreso “lo antes posible” coloca el asunto en el nivel de atención que corresponde.

No significa improvisar una evacuación ni desplazar las decisiones de las autoridades colombianas, sino utilizar los mecanismos diplomáticos disponibles para reducir la incertidumbre de las familias y evitar que los menores permanezcan innecesariamente dentro de una zona afectada.

También hay una lectura particularmente importante para Tijuana, porque vivir en una ciudad fronteriza nos acostumbra a pensar la movilidad internacional como algo cotidiano, pero una emergencia recuerda que cualquier mexicano fuera del país puede requerir, de un momento a otro, respaldo institucional efectivo.

Hasta ahora, la información disponible señala que los integrantes de Leyendas Obeliz están bien y no existen reportes de menores lesionados. Esa es, indiscutiblemente, la mejor noticia.

Ahora corresponde que la coordinación diplomática consiga llevarlos de vuelta a casa con seguridad y sin convertir una emergencia humanitaria en espectáculo político.

Si la instrucción presidencial logra traducirse en una respuesta rápida, ordenada y eficaz, estaremos frente a algo que debería ser ordinario en cualquier gobierno, aunque demasiadas veces no lo sea, y que se representa con un Estado que aparece cuando sus ciudadanos realmente lo necesitan.