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TINTA DE LA CASA
El poder ya no alcanza para ser intocable en México
Uno de los defectos más sui generis que puede tener un político en México es perder la noción de las consecuencias.
Pero perderla en serio, hasta llegar a un punto que rebasa la simple incapacidad de comprender el alcance de sus propios actos.
Y esto, invariablemente sucede cuando el cargo comienza a parecer permanente y el respaldo de un partido termina interpretándose como una especie de seguro contra cualquier tormenta.
Entonces se toman decisiones y se construyen cercanías bajo la peligrosa impresión de que mañana habrá alguien dispuesto a meter las manos al fuego.
Precisamente, el caso de Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, alcalde de Juchitán de Zaragoza, debería servir para revisar esa costumbre.
Y se le debe de poner énfasis a su caso, porque no llegó de rebote a la política.
El “Quetu” es licenciado en Derecho por la UABJO, hijo de un exdirigente de la COCEI, comenzando su trayectoria como secretario particular en el Ayuntamiento; es decir, conocía desde dentro los pasillos del poder municipal antes de ganar la alcaldía en 2024 bajo las siglas de la coalición Morena-PVEM-Fuerza por México.
Sabía perfectamente dónde estaba parado y conocía las responsabilidades que acompañan a una presidencia municipal.
Pero sí, todo cambia, y hoy está detenido, siendo el propio Omar García Harfuch quien informó que Sánchez y Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Las investigaciones, según el secretario de Seguridad, los relacionan con una estructura presuntamente dedicada al cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos delictivos.
Ya la Unidad de Inteligencia Financiera también inmovilizó recursos y bloqueó cuentas vinculadas con la investigación.
Harfuch había señalado previamente que entre los servidores públicos detenidos durante esta estrategia había personajes provenientes de Morena, PAN y PRI, y sostuvo que la filiación partidista no influía cuando existían investigaciones y carpetas abiertas.
Por eso resulta tan difícil entender a quienes todavía ejercen el poder como si nadie estuviera observandolos.
Como aprendizaje, a los políticos les debe quedar claro que sus acciones exigen calcular y saber quién se convierte en operador, qué intereses rodean una administración y hasta dónde puede comprometerse un gobierno antes de que la factura termine llegando.
Y esto debe entenderse en el concepto de que un mal político no necesariamente es aquel que pierde una elección, sino también lo es quien alcanza el poder y después se comporta como si haber ganado lo hubiera vuelto intocable.
El PT y su sueño de actuar como socio mayoritario
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el Partido del Trabajo ha reclamado que Morena no ha cumplido acuerdos relacionados con las encuestas para definir las coordinaciones estatales. Y lo ha hecho con un tono subido de tono.
Afirman que hay una mesa técnica que no avanzó, una mesa jurídica que nunca se instaló, un cronograma que tampoco llegó y, sobre todo, una segunda encuesta en la que participarían propuestas del PT y del Verde.
Dentro de las arenas policías, el reclamo puede ser legítimo si esos compromisos efectivamente fueron pactados, porque una coalición no funciona a base de “yo entendí que”.
Así que, suponiendo sea el caso, si MORENA acordó procedimientos con sus aliados, ya correspondería explicar el porqué no se cumplieron.
Sin embargo, el problema político aparece en otro lado, y reside en el tamaño del requerimiento frente al peso electoral de quien exige.
Recordemos que en la elección federal de diputaciones de 2024, el PT obtuvo 5.47% de la votación de representación proporcional, frente a 40.84% de Morena y 8.40% del Verde. Y no son inventos, son cifras oficiales del INE.
Eso no vuelve irrelevante al PT ni le quita derechos dentro de una coalición, pero sí obliga a poner las cosas en proporción.
Por ello, es importante resaltar que una fuerza que representa alrededor de uno de cada veinte votos difícilmente puede comportarse como si aportara la mitad del capital político de la alianza.
Volviendo al tono del comunicado, el PT dedica buena parte del documento a recordar que acompañó a López Obrador desde 1995, que estuvo en 2000, 2006, 2012, 2018 y 2024.
Lo que hay que recordarles, es que haber estado desde antes de que MORENA existiera no los convierte automáticamente en accionistas con derecho de veto sobre las decisiones del partido que concentra ampliamente la mayor votación de la coalición.
Y aparece una contradicción difícil de esconder, siendo que el documento pide “cerrar filas” con Claudia Sheinbaum y mantener “la unidad de la coalición”, inmediatamente después de dedicar varios párrafos a denunciar incumplimientos de MORENA.
Eso no es cerrar filas, pero de ese tamaño el discurso que buscan legitimar. Por eso, cuando una fuerza política necesita recordar durante media página todo lo que ha hecho desde 1995 para explicar cuánto pesa en 2026, termina reflejando el punto central del problema, que no está en la encuesta, sino en la báscula.