EL PROCESO CONTRA BONILLA Y SUS IMPLICACIONES
La imputación penal contra Jaime Bonilla valdez por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de funciones es un proceso judicial cuyos detractores o defensores se encargarán llevar a la arena social. Sin embargo, es pertinetne observar la decisión legal como la apertura de un frente político que puede reconfigurar el tablero rumbo a 2027 en Baja California.
El hecho es más que contundente. Es histórico en toda regla que un exgobernador sea llevado a audiencia por decisiones tomadas teniendo el poder. No es una filtración, ni tampoco un señalamiento de los medios o una disputa de la oposición. Es un proceso penal en curso, con fecha, sala y causa.
Esto tiene implicaciones inmediatas. Primero, rompe la narrativa de impunidad que Bonilla había logrado sostener tras dejar el cargo. Segundo, lo coloca en una posición política muy vulnerable justo en el momento en que comienzan a perfilarse los reacomodos rumbo a la siguiente elección estatal.
Pero el impacto va más allá de su figura. El caso tensiona a a la Cuarta Transformación en Baja California. Bonilla no es un actor aislado, es líder de una corriente interna que, aunque debilitada, sigue teniendo presencia. Lo que suceda legalmente con él lo obligará a asumir costos o tomar distancia del proceso electoral.
Mientras tanto, la oposición es demasiado débil para aprovechar el escenario. Un proceso penal no sustituye una propuesta política. Lo que está en juego no es solo si Jaime Bonilla será vinculado a proceso en la audiencia programada para el lunes 23 de marzo, sino cómo impacta eso al escenario político dentro y fuera de la Transformación como movimiento social y político. El tiempo dirá para dónde se inclina la balanza.