La llamada Ordenanza sobre el Debido Proceso y la Seguridad exige que agentes federales cuenten con una orden judicial para acceder a espacios no públicos administrados por la ciudad. Además, prohíbe el apoyo municipal a acciones de cumplimiento consideradas discriminatorias, protege la privacidad de datos de los residentes y establece programas multilingües de “Conozca sus derechos” en instalaciones municipales. También extiende estas protecciones a contratistas, arrendatarios y beneficiarios de subvenciones de la ciudad.
El concejal Sean Elo-Rivera afirmó que la ordenanza fija la postura oficial de la ciudad para defender a sus residentes, mientras algunos ciudadanos expresaron preocupación por posibles detenciones migratorias. La medida ha generado opiniones divididas y se produce en medio de críticas de la administración del presidente Donald Trump hacia ciudades que limitan la cooperación con ICE, intensificando el debate sobre políticas migratorias locales.
