La resolución fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C., donde el juez Justin Walker subrayó que el Poder Ejecutivo no puede deportar a extranjeros a países donde podrían ser perseguidos sin respetar los procedimientos legales. El tribunal precisó que la decisión aplica únicamente a inmigrantes que ya se encuentran en territorio estadounidense, reafirmando su derecho a iniciar procesos de asilo conforme a la ley.
La orden presidencial, firmada al inicio del segundo mandato de Trump, declaraba la situación migratoria en la frontera sur como una “invasión” y buscaba suspender el acceso al asilo bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Además, instruía a las agencias federales a expulsar rápidamente a los migrantes. Con este fallo, se limita el alcance de dichas medidas y se reabre el debate sobre las políticas migratorias y los derechos de los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
