Uno de los puntos más relevantes de la propuesta establece que, en los programas públicos de arrendamiento asequible, el pago mensual de renta no podrá superar el 20 por ciento de los ingresos nominales de las personas o familias beneficiarias.
La iniciativa también plantea crear un parque público de vivienda que permita ofrecer opciones de alquiler a precios accesibles para quienes enfrentan dificultades económicas para adquirir una propiedad.
Entre las medidas propuestas se encuentra la recuperación de viviendas abandonadas, el acceso a terrenos aptos para construcción y el impulso de desarrollos habitacionales cercanos al transporte público, centros de trabajo y servicios básicos.
Cantón Rocha señaló que el problema habitacional en Baja California no solamente está relacionado con la falta de construcción de nuevas viviendas, sino también con los altos costos de compra y renta, el deterioro de inmuebles y la falta de certeza jurídica sobre la propiedad.
Por ello, la iniciativa contempla mecanismos de protección para quienes compran o rentan una vivienda, mediante información clara sobre las condiciones físicas, jurídicas y económicas de los inmuebles.
Además, propone establecer mecanismos de denuncia y sanciones ante posibles prácticas como publicidad engañosa, incumplimiento de obligaciones legales y acoso inmobiliario.
Otro de los ejes es la creación de una Política Estatal de Vivienda, mediante la cual las autoridades estatales y municipales puedan coordinar acciones para priorizar a las personas con menores ingresos y ampliar las alternativas de adquisición, mejoramiento y arrendamiento.
El legislador destacó que la propuesta fue elaborada con colaboración académica de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y participación ciudadana a través del Foro Estatal “Vivienda para Todas las Personas”, realizado en Mexicali, así como de encuentros en San Quintín y Tijuana.
Estos espacios permitieron identificar necesidades relacionadas con los costos habitacionales, el acceso a servicios, la seguridad jurídica y las condiciones particulares de cada región.
Finalmente, la iniciativa contempla instrumentos de financiamiento, evaluación y seguimiento para que el Congreso del Estado pueda supervisar los avances de la política de vivienda y el uso de los recursos públicos.
La propuesta deberá continuar su proceso legislativo para determinar si se convierte en ley.
