El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos cometidos durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo, relacionados con contratos para la producción de credenciales de elector y la elección judicial de 2025.
La denuncia solicita investigar posibles conductas de tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
Entre los asuntos señalados se encuentra el contrato firmado en diciembre de 2025 con una alianza empresarial integrada por Cosmocolor, Icard Solutions y Talleres Gráficos de México, por aproximadamente mil 173 millones de pesos, para producir las credenciales para votar.
El INE también pidió a la Fiscalía revisar los videos difundidos en medios de comunicación, particularmente uno en el que aparecen Guadalupe Taddei y el contratista José Alfredo Hernández Casillas, en una conversación relacionada con el presunto reparto de ganancias por ese contrato.
Para ello, solicitó obtener la grabación original, verificar su autenticidad, identificar a las personas que aparecen y contrastar las conversaciones y referencias económicas con los contratos, pagos y operaciones financieras correspondientes.
En un comunicado, el organismo electoral aseguró que la denuncia responde a su obligación de proteger la legalidad, la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos o periodos de gestión. También reiteró su política de cero tolerancia ante cualquier conducta que comprometa el patrimonio institucional.
A esta denuncia se suman seis querellas presentadas por el Órgano Interno de Control del INE ante la FGR, también contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por su probable participación en distintos delitos.
El titular del órgano, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó este viernes a la Cámara de Diputados que las denuncias contemplan posibles delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas involucradas en estas investigaciones estarían la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Carvente también informó que ocho funcionarios y exfuncionarios, así como una empresa, fueron llamados a comparecer por presuntas faltas administrativas graves. Los expedientes serán enviados posteriormente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que determine las responsabilidades correspondientes.
Los procedimientos están relacionados con los señalamientos sobre una presunta red de empresas que habría obtenido contratos de organismos públicos locales electorales mediante una simulación de competencia.
Durante su comparecencia ante diputados el pasado 30 de octubre, el titular del OIC señaló que cinco empresas vinculadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. Entre las personas relacionadas con estas compañías mencionó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
La Fiscalía deberá investigar los hechos denunciados y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales.
