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miércoles 04 de febrero 2026

Por Redacción

Argentina pide formalmente a EU la extradición de Nicolás Maduro

La justicia argentina eleva la requisitoria para trasladar al exmandatario venezolano a declarar por crímenes de lesa humanidad

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El juez federal argentino Sebastián Ramos firmó este miércoles una petición formal de extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro desde Estados Unidos hacia Argentina, para que sea investigado y declarado en una causa penal por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su gestión en Venezuela. 

La solicitud, elevada a las autoridades estadounidenses, responde a un expediente iniciado en 2023 a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), organización que acusó al entonces jefe de Estado venezolano de violaciones sistemáticas a derechos humanos. 

El caso se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que habilita a tribunales argentinos a procesar delitos graves contra la humanidad sin importar el lugar donde ocurrieron ni la nacionalidad de los responsables o de las víctimas. 

La petición judicial hace uso del tratado de cooperación en materia de extradición entre Argentina y Estados Unidos, y sigue a la detención de Maduro en Nueva York, producto de una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, cuando fue capturado en Caracas y trasladado a territorio norteamericano. 

En septiembre de 2024, el mismo juez Ramos había ordenado la detención del exmandatario y de otros altos funcionarios de su gobierno, como Diosdado Cabello, en el marco del mismo expediente por graves violaciones a los derechos humanos, que incluye alegatos de persecución política, tortura y otros abusos. 

En Argentina, la avanzada judicial ha generado un debate político y diplomático importante, en momentos en que la figura de Maduro enfrenta procesos legales simultáneos en otros países, incluidos cargos por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. 

El trámite de extradición ahora queda en manos de las autoridades estadounidenses, que deberán evaluar la solicitud argentina conforme a los acuerdos internacionales vigentes.