La iniciativa del diputado Armando Samaniego para eliminar la comisión en el cobro de apoyos sociales pone la ética aplicada a la vida cotidiana.
No se trata de una gran reforma ni de un gran rediseño de alto vuelo, sino de algo básico y significativo. Se trata de que el dinero público llegue completo a quien le pertenece.
La propuesta de eliminar comisiones bancarias a beneficiarios de programas sociales parte de un principio que debería ser obvio. Samaniego busca los apoyos sociales realmente lleven dinero a donde se necesita.
Bajo esa lógica, permitir que una fracción de esos recursos se pierda en cargos financieros implica tolerar una fuga silenciosa que le pega al bolsillo de los beneficiarios.
Lo relevante son los valores que sostienen la iniciativa de Samaniego. Hay una defensa explícita de la dignidad económica, una visión sobre la equidad que no se conforma con transferir recursos, sino que exige garantizar su integridad.
También hay un reconocimiento de las desigualdades que enfrentan algunas regiones y de acceso, donde retirar efectivo tiene costos adicionales para quienes menos recursos poseen.
Al final, la justicia no solo se define en grandes discursos, sino en esos pequeños cargos que, acumulados, terminan marcando la diferencia. En ese reconocimiento descansa la iniciativa de Armando Samaniego.
